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En julio de 2015, el segundo gobierno de Michelle Bachelet ingresó un proyecto al Congreso que buscaba perfeccionar el marco regulatorio actual del mercado financiero. Esto, con el fin de aumentar las sanciones de conductas abusivas, brindar mayor protección a los accionistas minoritarios y a los inversionistas, clarificar las responsabilidades de los auditores externos y regular mejor las funciones de los asesores previsionales.

Tras casi cinco años de escasos avances en el Parlamento, ayer se reactivó la tramitación de la iniciativa, luego que el presidente Sebastián Piñera incorporara nuevas indicaciones y le pusiera suma urgencia. Con esto, el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 15 días. El texto se encuentra en su segundo trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Específicamente para las asesorías previsionales, se plantea que sean reguladas sólo por la Superintendencia de Pensiones (SP) y no conjuntamente con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como ocurre hoy. Ello debido a que, aunque son asesores, su naturaleza es solo previsional.

Las entidades de asesoría previsional y los asesores previsionales deberán acreditar ante la SP la constitución de una garantía, mediante boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros que autorice la CMF, para responder correctamente sus obligaciones y por los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados que contraten sus servicios de asesoría previsional.

Además, se propone facultar al regulador para que determine el monto de la garantía que deberá constituir un asesor previsional al momento de inscribirse en el registro, dicho monto deberá estar entre los $ 14 millones (500 UF) y los $ 1.697 millones (60.000 UF). Además plantea disminuir la comisión máxima que podrá pagar un pensionado por concepto de asesoría previsional desde un 2% a un 1,5% de los fondos, manteniendo el tope de $ 1.697.340 (60 UF).

Por otra parte, la SP podría dictar los requisitos de inscripción diferenciados en virtud del tipo de asesoría previsional que presten y deberá coordinar con la CMF para que la acreditación de conocimientos en materias de asesoría previsional sea homogéneo entre los asesores previsionales y los agentes de venta de renta vitalicia.

También se permitiría que la SP suspenda del registro de asesores previsionales a las entidades que incumplan las normas, o cuando así lo requiera el interés público y se plantea que aumenten la sanciones para los asesores previsionales que no estén inscritos en el registro.

En ese sentido, el proyecto establece que ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en el registro podrá arrogarse la calidad de entidad de asesoría previsional o de asesor previsional.

Mayores sanciones para empresas de auditoría externa

El proyecto indica que se precisará la responsabilidad penal por dictaminar falsamente sobre la situación financiera de una entidad sujeta a fiscalización, tanto a los empleados como los socios de empresas de auditoría externa.

En segundo lugar, se incorporarán a los supuestos que llevan aparejada la sanción de presidio menor en cualquiera de sus grados, a quienes actúen en forma encubierta como empresa de auditoría externa, sin registrarse o bajo una inscripción suspendida o cancelada y a los socios y administradores de empresas de auditoría externa que revelen información reservada de las empresas que auditan.

Por: Constanza Ramos Taky

La fuente de Información es Diario Financiero:

https://www.df.cl/noticias/mercados/finanzas-personales/los-cambios-que-trae-la-iniciativa-que-reactivo-el-gobierno-y-que/2020-05-20/120646.html?utm_mc=SkD2mtZLT4exUSs0gk2N-bL4stegjAA54HaZB3vB7Yk

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